Alexis Medina asegura que la Procuraduría lo tenía “en zozobra” desde que el PLD perdió las elecciones.


INFORANDULA.COM,SANTO DOMINGO,CAPITAL. – El imputado principal en el caso Antipulpo, Alexis Medina, aseguró que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) lo tenían “en zozobra” desde que Danilo Medina dejó de ser presidente y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió las elecciones.

Medina afirmó que los fiscales de la Procuraduría destruyeron sus pertenencias y sus oficinas por entender que el imputado estaba ocultando pruebas. Ante esto, el empresario garantizó que quiso mostrar pruebas de los señalamientos, pero nunca se le dio la oportunidad.


Asimismo, el encartado sostuvo que es cierto que tiene varias empresas en el mismo edificio, pero aseguró que esta acción no constituye un delito contra el Estado porque, según reiteró, cuenta con pruebas que demostrarían la legalidad de sus negocios.

Dentro de este referido edificio donde se encontraban sus empresas, Medina reveló que está instalada una oficina de General Supply del expelotero Sammy Sosa, su encargado jurídico y su hermano, desde donde se distribuye cemento asfáltico AC-30.

“Tuvimos que cerrar todas las empresas, incluyendo la de Sammy, porque nos tenían en una constante zozobra y amenazas para desmantelar las oficinas”, expresó Medina.

En su turno de defensa, el empresario aseguró que los medicamentos exclusivos que vendía al Estado eran autorizados por laboratorios dominicanos que le otorgaban un poder para distribuir medicamentos de alto costo. Por tanto, según Medina, no existe ilegalidad en las ventas.

En cuanto a sus relaciones comerciales con Francisco Pagán, Medina refirió que se asoció con el exfuncionario porque las remodelaciones de hospitales “eran urgentes” y fueron cedidas a la OISOE “por la lentitud” que presentó el Servicio Nacional de Salud en los remozamientos.

En el tema de los brazaletes electrónicos referidos constantemente por Yeni Berenice Reynoso, Medina garantizó que no tiene ninguna relación comercial con la empresa que vende los grilletes a la Procuraduría, como aseguró la procuradora adjunta, y agregó que es falso que reciba beneficios económicos por la venta de los identificadores del Ministerio Público.

Antes de exponer sus argumentos, Reynoso le pidió al juez Alejandro Vargas que imponga un año de prisión preventiva en contra de Medina, declarar el caso complejo y ordenar el cierre de todas las empresas dirigidas por el imputado.
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